Mientras el gobierno provincial trabaja para garantiza el cumplimiento de la ley de aborto, el partido Unidos por la Vida y referentes antiderechos presentaron un amparo para frenarla. Piden que el sistema sanitario riojano no la aplique mientras la Justicia Federal resuelva el recurso.
La Rioja entró al grupo de provincias que judicializaron la aplicación de la ley de aborto que Argentina aprobó el 30 de diciembre de 2020, y entró en vigencia el 24 de enero. Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Salta, Mendoza y Chaco son otras de las que insisten con suspender la norma por la vía de la Justicia.
En La Rioja el partido Unidos Por la Vida, que presentó candidatxs a concejalxs en las elecciones del 2019, es uno de los impulsores del recurso de amparo contra la ley 27610. El abogado José Covián es el patrocinante y acompañan la demanda la ex diputada nacional del PRO Karina Molina y la secretaria Legal del municipio capital, Cristina Salzwedel, entre otrxs ciudadnxs.
El escrito argumenta que la ley conquistada por la marea verde es “inconstitucional, lesiva, arbitraria e ilegítima, ya que desconoce el derecho a la vida”. Y explica además que el partido político Unidos por la Vida proclama “la defensa de los derechos inalienables de los riojanos a la vida” en su declaración de principios y carta orgánica.
SUSPENSIÓN INMEDIATA
El amparo presentado en el Juzgado Federal fue acompañado por una medida cautelar donde piden que, hasta resolver el fondo de la causa, de inmediato se suspenda la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el sistema sanitario provincial. El objetivo, alegan, es impedir “los graves prejuicios” que la ley provoca “en la vida humana en gestación” y “en los derechos de la persona por nacer”.
A este recurso se suma otro también patrocinado por el abogado Covián, uno de los referentes de la oposición este derechos para personas gestantes. Ambas presentaciones fueron remitidas a la fiscal federal de La Rioja Virginia Miguel Carmona, quien deberá dictaminar si son viables o no, para que finalmente decida el juez con competencia federal Daniel Herrera Piedrabuena.
Estos amparos no son la primera medida interpuesta contra la ley en nuestro país. Además de las presentaciones similares en las provincias, los primeros días de febrero una ONG celeste también recurrió a la justicia para frenar la ley en toda la Argentina.
La presentación judicial en La Rioja, al igual que en las otras provincias, es parte de la estrategia de quienes se oponen a la ampliación de este derecho, incluso de antes que se sancione la norma, y había sido anticipada ni bien se aprobó. Si bien la judicialización no modifica la ley, activa un camino que podría suspender sus efectos por un plazo determinado.
Pero esas presentaciones también ya tuvieron un revés. La Justicia de Salta fue la primera en rechazar el primer pedido “por improcedente”, aduciendo que excede a la función judicial anular la norma. Lo mismo sucedió con la justicia correntina y podría ser la suerte que corra en La Rioja.
GARANTIZAR LA LEY
Si bien La Rioja aún no definió protocolo propio para aplicar la ley, las autoridades sanitarias confirmaron que trabajan en un flujograma, lista de objetores y de profesionales para garantizarla. Desde finales de enero se estableció un cronograma de trabajo donde cada viernes se reúnen con profesionales médicxs y autoridades del ministerio de Salud y la secretaría de la Mujer y Diversidad.
“No tenemos aún definido el protocolo y tampoco una fecha estimativa de cuándo podría estar. Estamos trabajando en eso”, aseguró sin mayores precisiones la secretaría de Promoción y Prevención de la Salud Marcia Ticac, segunda en la línea de mando del ministerio de Salud que preside Juan Carlos Vergara.
Las próximas semanas serán claves para saber la suerte que correrán los recursos de amparo, como así también el protocolo para aplicar en toda la provincia.