En una medida inédita el Gobierno de La Rioja otorgará la pauta oficial sujeta al ejercicio responsable de los medios en el tratamiento de las violencias y la perspectiva de género. Con esta medida por primera vez se abordará la violencia mediática desde una política pública y se otorgarán guías con recomendaciones para los abordajes. Entrevista con la secretaría de Comunicación y Planificación Pública Luz Santangelo Carrizo sobre una política que marca precedente con los medios de comunicación.
Por primera vez desde la sanción de la ley 26.485, hace 10 años, una gestión provincial se ocupará de las violencias mediáticas como exige la norma a los Estados municipales, provinciales y nacional. El Gobierno de La Rioja lo hará ni más ni menos que a través de la distribución del presupuesto destinado a la publicidad oficial que se otorga a los medios de comunicación, algo que a las empresa mediáticas y sus dueñxs les importa. Y mucho.
Esta medida del gobierno luego de la reciente resolución de la justicia riojana contra el medio digital Riojalibre por violencia mediática, sin dudas marca vientos de cambios en la provincia.
El anuncio oficial lo hizo la última semana la secretaria de Comunicación y Planificación Pública de La Rioja Luz Santangelo Carrizo, una de las funcionarias feministas del gabinete del gobernador peronista Ricardo Quintela. La medida es inédita en gobiernos provinciales y busca la transversalidad de políticas del género en la gestión del nuevo gobierno local.
“Para nosotros es importante que los medios se involucren en esta conciencia y abordaje de la perspectiva de género a la hora de comunicar, pero también de instalar la temática”, sostuvo la funcionaria en una entrevista exclusiva con Marea Verde.
¿Por qué el gobierno provincial considera necesario ejecutar políticas públicas que involucren a los medios de comunicación, a la hora de abordar las violencias contra las mujeres, disidencias y el trato igualitario?
Para el gobierno de la provincia es una política de Estado abordar la perspectiva de género transversalmente y la relación con los medios es algo importante en función de que son formadores. Si nosotros no podemos trabajar en una relación de conciencia y responsabilidad en esta temática, y plantear que es un debate y tenemos que poder discutirlo y avanzar como sociedad en general, difícilmente podamos avanzar en la igualdad de los derechos de las mujeres.
Pese a que la ley 26.485 obliga a los Estados a trabajar sobre la concientización para prevenir y sancionar la violencia mediática, en La Rioja nunca se hizo ¿Cómo piensan implementarlo y controlarlo?
La secretaria de Comunicación y Planificación ha generado una resolución donde plantea que el acuerdo contractual con los medios va a estar contemplado y regulado por esta resolución que dispone el ejercicio responsable de la comunicación para poder abordar cualquier caso que tenga que ver con la violencia y cualquier situación que exponga no tan solo a las mujeres, sino a los niños, niñas y adultos mayores. Es una de las cuestiones que vamos a abordar para que no exista solamente una relación de palabra sino contractual.
POLÍTICA PÚBLICA
La nueva resolución del área de Santangelo Carrizo reglamenta la pauta oficial prevista en la ley del Régimen General de Contrataciones (N° 9.341 y su reglamentación con el decreto 015/19) como así también lo dispuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.
Luz Santangelo Carrizo
Con esta nueva herramienta legal en la relación contractual con los medios queda especificado que el tratamiento responsable de la temática es una condición a la hora de mantener la pauta oficial, para la cual el gobierno provincial destina un presupuesto anual. El incumplimiento de los medios posibilitaría así una rescisión de ese acuerdo con el gobierno.
En tiempos donde los medios de comunicación vulneran permanentemente la intimidad de las victimas de violencia, y el abordaje de los femicidios, los abusos, las disidencias y la niñez son revictimizantes y estereotipados, la medida del gobierno riojano no es poca cosa.
“Posicionándonos en el contexto actual es que nos resulta importante destacar cuestiones referidas a la normativa vigente y que, sin pretender deteriorar la libertad de expresión, habiliten la problematización de sus prácticas periodísticas para luego revisarlas y ser parte de la construcción de una sociedad de la información que reivindique y no lesione derechos más expresamente los vinculados a las mujeres, niñas, niños y adolescentes y la diversidad, y del adulto mayor, y lograr de esta manera la articulación de una política pública con perspectiva de género”, dice la nueva resolución que tiene tres anexos, uno es el contrato que se firmará con los medios.
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Otro de los anexos de la nueva resolución contempla guías de recomendaciones para que los medios hagan un abordaje responsable de las temáticas en cuestión.
Entre ellos se incluye el decálogo de PAR, la Red de Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista que hace más de 10 años elaboró un material para sugerir modos posibles de trabajar la información sin vulnerar derechos, respetando a las víctimas y promoviendo una cobertura inclusiva basada en el respeto a los derechos humanos y posicionando la violencia de género como un flagelo social, de índole público que nos interpela a todas y todos.
También contempla la Guía para el tratamiento de identidades de géneros, orientación sexual e intersexualidad elaborado por la Defensoría del Público junto con organizaciones de lucha por los derechos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, intersex y queer (LGTTTBIQ), además de comunicadorxs y especialistas en las temáticas de géneros y sexualidades.
¿La medida tendrá alcance en todo tipo de contenido generado por los medios, incluida las publicidades que son grandes reproductoras de violencia simbólica?
Lo que vamos a generar desde el Gobierno son campaña de concientización y en este sentido sabemos que también hay un control social muy fuerte que es más potente que lo se que pueda generar desde la legalidad, y que va a ayudar.
¿Cómo impacta que por primera vez en una provincia del interior la justicia haya determinado mediante una resolución una condena a la violencia mediática y a una forma de hacer periodismo que vulnera a las mujeres y disidencias?
Creo que esta decisión judicial ha sido muy importante, primero como un alerta en función de que las cosas están cambiando porque hay una justicia que está atendiendo esta demanda, y hay una conciencia por parte de las mujeres en defender sus derechos y tomar posición ante este tipo de violencias. Y por otro lado creo que los medios van a estar de alguna manera trabajando en poder deconstruirse y reconstruir una nueva visión para comunicar, esto nos ayuda y mejora a todos.
En una reciente entrevista que me hizo Riojalibre, que en este caso fue el medio denunciado, planteé que es importante que tomen conciencia y que actúen en consecuencia porque de verdad eso nos hace mejores como personas, medios y sociedad. Esto sirve para hacer un parate, analizar lo sucedido, reflexionarlo y transformar la forma de comunicar. Es un ejemplo y ojalá no tenga que volver a pasar, pero es una herramienta justamente para generar conciencia y me parece muy valorable.
En el marco de la Ley Micaela contemplan capacitar a trabajadorxs de los medios públicos que tienen una doble responsabilidad como encargados de la difusión de políticas de gobierno?
Sí, van a estar absolutamente incorporados en la capacitación que la ley micaela impulsa, y que el gobierno ya está trabajando para que la adhesión sea total y no parcial, esa es una decisión política del gobierno de la provincia, del gobernador y de todo su equipo de gobierno y esperamos hacerlo apenas inicien las sesiones ordinaria en la Legislatura provincial. Pero incluso antes ya tendremos distintos espacios de encuentro para trabajar una previa a lo que sería la capacitación formal para ir generando conciencia.
VIOLENCIA MEDIÁTICA
La violencia mediática está tipificada en la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009.
Allí la define como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
La norma nacional que ya cumplió 10 años prevé acciones prioritarias que deben aplicar los estados nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia. Entre las que compete a los medios está la difusión de campañas publicitarias y de sensibilización, capacitación a profesionales de la comunicación entre otras.