El concurso comenzó el viernes último y en abril estaría la terna para designar a las nuevas juezas de los dos fueros especiales para casos de violencia de género en La Rioja. Después de más de un año, por primera vez habrá juezas concursadas y de las actuales sólo Karina Cabral buscará continuar. Magdalena Azcurra no seguirá en el cargo.   


Atravesados por el crecimiento de denuncias, los femicidios y más recientemente la pandemia, los juzgados de Violencia de Género y Protección Integral de Menores de la primera circunscripción judicial finalmente tendrán juezas designadas por concursos. Esto marca la diferencias con la actualidad, ya que las dos juezas del fuero especial son transitorias desde que asumieron esos cargos en 2019: Magdalena Azcurra y Karina Cabral. 

Desde el 2018 La Rioja cuenta con dos fueros especiales que tramitan cientos de causas de violencia y niñez en materia penal. Desde que se crearon ambos Juzgados tuvieron un recorrido marcado por la urgencia y emergencia, con los femicidios de Deolinda Torres y Sabina Condorí Garnica. Pero también por la falta de definiciones de los órganos que deben regular la administración de justicia, que concursaron esos cargos.

EL CONCURSO

El concurso de los juzgados de Violencia comenzó el viernes de la semana pasada, junto con otros dos que buscan cubrir cargos en el juzgado de Instrucción N° 1 y dos Salas de la Cámara Tercera.

La convocatoria fue publicada a principios de marzo y tuvo siete inscriptas que aspiran a ocupar el cargo de juezas en el fuero especializado en causas de violencia de género y protección de menores.

La modalidad de los concursos está establecida por el reglamento del Concejo de la Magistratura. Éste prevé un examen escrito (que se rindió el viernes 26), y según el puntaje se determina quién pasa a la evaluación oral. La siguiente instancia contempla una evaluación psico-física y finalmente una entrevista personal. En la ultima etapa se remite la terna a la Cámara de Diputados de la Provincia para que elija a las ganadoras acorde a los mejores puntajes.

De los actuales integrantes del Consejo de la Magistratura, encargados de confeccionar las ternas vinculantes de candidatas al cargo, ninguno tiene especial formación en perspectiva de género.

Estos llamados a concursos no contemplaron los cargos para el recientemente creado Juzgado de Violencia de Chilecito. “Estamos trabajando en conjunto con el Superior Tribunal para tener lista la infraestructura. Calculamos que en dos meses va a estar lista”, explicó el presidente del Consejo de la Magistratura, Gastón Mercado Luna.

LOZ JUZGADOS

La Rioja es una de las tres provincias (junto a Santiago del Estero y Tucumán) que cuentan con fueros especiales para instruir causas de violencia de género. La creación de ambos fue intempestiva y agitada por el clima social. El N° 1 se creó en enero del 2018 luego del brutal femicidio de Deolinda Torres, cuyo juicio se está realizando actualmente. La indignación social por la falta de respuesta del Estado y su responsabilidad en esa muerte obligaron al entonces gobernador Sergio Casas a crearlo por DNU.

Se concursó en marzo de ese año y empezó a funcionar en julio. Durante un año y medio estuvo a cargo de la actual ministra Gabriela Asís, quien luego renunció para asumir en la cartera de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en la gestión de Ricardo Quintela. En su lugar y como jueza transitoria asumió Karina Cabral en enero del 2020 con mandato hasta julio, aunque con prórroga de seis meses más.

El juzgado N° 2 donde se desempeñaba Magdalena Azcurra también nació a la luz de la tragedia. Se había creado el 6 de septiembre de 2018, pero su designación llegó seis meses más tarde con el primer femicidio infantil que conmocionó a la provincia: el de Sabina Condorí Garnica en abril de 2019. Tampoco Azcurra concursó y su cargo fue, y sigue siendo, transitorio. Tal como determina el reglamento los jueces y juezas transitorias pueden desempeñarse por seis meses, prorrogable por un mandato de seis más.

En mayo del 2020, en plena pandemia y aumento de denuncias y asistencia a las víctimas, La Rioja se quedó sin una de las juezas para tramitar con perspectiva los hechos de violencia contra mujeres, niñes y disidencias. El mandato provisorio de Azcurra se venció el 22 de abril de ese año. Estuvo 12 meses, llevando al límite lo que prevé el reglamento, y su mandato se venció en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que resintió el funcionamiento de las instituciones. Pero el Consejo de la Magistratura había tenido un año para llamar a concurso ese cargo y no lo hizo. Recién en julio, y con una mediad excepcional por el contexto de pandemia, fue nuevamente designada en el cargo hasta la actualidad.

POSTULANTES

En la lista de postulantes para cubrir los Juzgados N° 1 y 2, las siete inscriptas son mujeres. Gisela Cejas Mariño, Jesica Diaz Marano, Gisela Flamini, Carla Menem, Analía Ramallo Parco Parisi, Eugenia Torres, Roxana Vega Mercado y la actual jueza transitoria Karina Cabral aspiran al cargo.

A diferencia de Cabral, que buscará quedarse con el cargo pero esta vez concursado, la otra jueza en ejercicio Magdalena Azcurra no se presentó para ocupar la vacancia como se especuló en algún momento. Con un perfil bajo y poco mediático, en su paso por el juzgado dictó varias resoluciones que influyen de manera directa en los medios y fueron sentando jurisprudencia sobre la violencia simbólica a través de la comunicación.

En un contexto de emergencia nacional y provincial por el creciente número de femicidios, el desempeño de la Función Judicial está en el centro de los principales obstáculos para avanzar hacia la erradicación de la violencia de género, la impunidad y el acceso a la justicia.

La cronología de los femicidios y violencias en la provincia demuestra que, muchas veces, la Función Judicial carece de perspectiva de género en términos culturales y procedimentales. Aún cuando la ley 26.485 marcó un antes y un después como recurso legislativo para el reconocimiento de los tipos y modalidades de violencia, el acceso a la justicia y las resoluciones siguen siendo un obstáculo para las víctimas de violencia por razones de género. Al igual que los niveles de impunidad en las causas iniciadas contra los agresores.

Contar con juezas o jueces que en material penal y civil resuelvan con perspectiva una problemática compleja, es fundamental para transformar el mapa de violencia en la provincia.