Una secretaria judicial denunció por violencia de género al juez penal de La Rioja Jorge Chamía y abrió el debate sobre el perfil y la perspectiva de magistrados y operadores de la justicia. Falta de pronunciamientos, la denuncia penal y la sombra de un juicio político en medio del malestar nacional por el rol judicial en los casos de violencia.
La secretaria judicial Florencia Fernández Valdez denunció administrativa y judicialmente al presidente de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, Jorge Gamal Chamía, por violencia laboral (contempladaen la ley 26.485). Una presentación ante el Consejo de la Magistratura y ante el Tribunal Superior de Justicia, y otra que ingresó en el Juzgado de Violencia de Género y Protección de Menores de la jueza Karina Cabral, fueron las instancias que su abogado Nicolás Azcurra activó para que se investigue el hecho que involucra polemicamente al juez penal.
Un golpe de puño en la puerta durante una discusión laboral fue el detonante para que Fernández Valdez se anime a denunciar a su superior. Sobre el hecho no hay mayores contradicciones entre las partes, lo reconoció el propio magistrado en una entrevista mediática donde se excusó: “abrí la puerta no de una forma normal y es una puerta placa que hace ruido”. «Ninguna discusión o desacuerdo laboral justifica el maltrato», sostuvo Florencia. Hubo gritos y un portazo.
La denunciante conoce bien a Jorge Gamal Chamía. Desde mayo del 2011 trabaja con él porque es una de las dos secretarias que tiene la única cámara penal de la Primera Circunscripción Judicial (Capital) que él preside. Aunque es la primera denuncia formal, no es la primera vez que Florencia advierte hechos de violencia por parte del magistrado. Maltratos verbales, descrédito, indiferencia, obstaculización en las tareas e impedimento de tomar permiso por lactancia materna (derecho que otorga la ley), fueron algunas de las situaciones que la víctima reconoció antes de animarse a denunciar.
INCOMPETENCIA
Una de las denuncias contra el juez fue en el ámbito penal. Se tramitó en el juzgado N° 2 que preside la jueza Karina Cabral, quien ya declaró la incompetencia para investigar los hechos. En su resolución consideró que el Tribunal Superior de Justicia riojano -con competencia administrativa- es quien debe disponer las medidas para la víctima ya que tiene la atribución (de oficio o por denuncia) “para juzgar las faltas que se imputen a los magistrados”.
“Como medida de protección en miras a la salvaguarda del principio de inmediatez y de resguardo a los derechos fundamentales de la mujer, se sugiere al TSJ que por el departamento de recursos humanos se adopten las medidas que estimen pertinentes a los fines de evitar el contacto y comunicación entre los protagonistas del conflicto» sostuvo Cabral considerando también la “armonía y estabilidad” del denunciado.
Chamía es el primer juez denunciado por un hecho de violencia desde que se crearon (en 2018 y 2019) los Juzgados de Violencia de Género y Protección de Menores de La Rioja. El antecedente sin dudas no es nada bueno para uno de los pocos magistrados que intervienen en los juicios donde, paradójicamente, se juzgan los delitos contra las mujeres y disidencias de nuestra provincia.
Integra la Cámara Tercera desde hace 22 años, ingresó el 3 febrero de 1999. A diferencia de la mayoría de los jueces de La Rioja tiene un perfil más mediático e intervino en varias causas emblemáticas como el femicidio de la joven Romina Ríos en manos del policía Pedro Ortíz, aunque ese proceso no se juzgó con perspectiva de género.
El denunciado también participa con notable visibilidad en la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), quien hasta el momento no se pronunció por la polémica denuncia contra uno de sus pares. “AMJA, que es una asociación sin fines de lucro que tiene el fin de capacitar, no puede hacer un pronunciamiento porque estamos en un proceso judicial”, dijo la jueza riojana Norma Abate de Mazuchelli, delegada provincial e integrante del directorio de la asociación.
El mismo silencio se repitió a nivel nacional pese a que el hecho salpica al Poder Judicial. Desde la presidencia, a cargo de la jueza cordobesa Aida Tarditti, dijeron que “por el momento AMJA no va a pronunciarse sobre el tema” ya que solo tenían conocimiento de la denuncia por las publicaciones en los medios. Alegaron que no hubo ningún planteo formal antes la asociación y que esperarían la actuación de los organismos en los que se denunció.
Contrario a lo que sucedió en otras causas de violencia que involucraron a funcionarios provinciales (intendentes, viceintendentes y concejales) en esta, donde por primera vez se puso en la mira a un integrante de la Función Judicial, hasta el momento hubo un incómodo silencio de la mayoría de las organizaciones y el poder político, oficialista y opositor. Sólo la secretaría de la Mujer y Diversidad se puso en contacto con la mujer para brindar la asistencia necesaria.
Uno de los únicos pronunciamientos de la política riojana fue del secretario de Agricultura Ernesto Pérez pero para defender al denunciado. «Casta de familiares» dijo el esposo de la sobrina del gobernador Ricardo Quíntela, para referirse a la denunciante.
Mi solidaridad con el juez Chamia, es víctima de una casta de familiares que detentan cargos sin que nadie las conozca. En 27 años no tuvo un inconveniente. https://t.co/01eABqs6bQ
— ernesto perez (@ErnestoHarry) March 4, 2021
JUICIO POLÍTICO
“Mal desempeño en sus funciones” es una de las causales que contempló el abogado de Fernández Valdez, Nicolás Azcurra, para la presentación que hizo ante el Consejo de la Magistratura provincial. El pedido busca el juicio político contra el juez que además es docente de la Universidad Nacional de La Rioja en la cátedra Derecho Procesal Penal de la carrera de abogacía.
La presentación que se realizó el pasado lunes todavía no había sido notificada a los integrantes del Consejo hasta el mediodía de hoy. De admitir la denuncia el órgano debería formular la acusación y suspender a Chamía mientras continúe el proceso.
Uno de los últimos casos escandalosos que involucraron a un juez en un juicio político y destitución fue el de Walter Sinesio Moreno. Luego de ese caso en La Rioja pocas veces se volvió a juzgar a un magistradx con uno de los órganos que contempla la constitución.
NATURALIZACIÓN
“No fue muy buena la situación” confesó Jorge Chamia durante la única entrevista radial donde habló del tema días atrás. Por momentos vacilante entre el arrepentimiento y la culpabilidad a la víctima, el juez minimizó el hecho a un “exabrupto”. “No puedo decir que estoy muy contento con esto” aclaró mientras relataba el episodio que asegura se originó por el incumplimiento de tareas de la secretaria.
Fue la propia victima quien se encargó de llevar por escrito el relato de los sucedido ante los integrantes del TSJ. Esa presentación originó una investigación administrativa para la cual ya se citó a algunas personas a declarar pero hasta el momento no hubo novedades.
“Cómo puede trabajar un juez si no puede ir al despacho de una secretaria, ahora hasta los otros jueces se van a estar cuidando de cómo exigirle o pedirle las cosas a los empleados”, se lamentó el denunciado obviando que es la víctima quien aún sigue cumpliendo tareas en el lugar donde ocurrió el hecho.
Tampoco contempló la revictimización que esto significaría cuando afirmó que una de las opciones evaluadas con autoridades del máximo órgano fue cambiar de su lugar de trabajo a la secretaria que ocupa ese lugar por concurso, igual que él.
Malos tratos, gritos y subestimaciones laborales son algunos comportamientos de Chamía en los que coinciden varios empleadxs que comparten el ámbito de trabajo con él. «Nadie se anima a denunciar porque en La Rioja los jueces son una casta intocable» disparó un empleado.
PERSPECTIVA
Según informaron desde la Justicia provincial el juez Chamía es replicador de la ley Micaela, que prevé la capacitación en género a todas las funciones del Estado y a la cual la provincia está adherida. «Fue capacitado y aprobado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», aseguraron ante la consulta periodística.
La denuncia en su contra llega en medio de un malestar y reclamo nacional por el rol de los jueces, su accionar en el dictado de sentencias, el perfil y la idoneidad para ocupar el cargo. «O se transforman o llegó la hora de irse” advirtió recientemente el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro cuando se anunció la creación de un registro público de denuncias contra magistrados por su accionar en casos de violencia de género.
En esa misma línea se pronunciaron el presidente Alberto Fernández cuando en la conmemoración del 8 de marzo advirtió “Insisto en hablar de la Justicia para que no existan más Úrsulas, ni más Micaelas”.
El rol de la justicia y sus operadorxs en los casos de violencia de género fue también una de las consignas más presentes en las recientes actividades por el 8M. Y no es casual, porque gran parte de la sociedad y los movimientos feministas descreen de la Justicia y en muchos femicidios hubo fallas del sistema. Que las mujeres se animen a denunciar las violencias que sufren es un camino lleno de obstáculos, estigmatización y sinsabores. Porque los pasillos judiciales son lentos y revictimizantes y el silencio casi siempre es funcional a quienes se denuncia. Ni hablar si la denuncia es contra quien debe impartir justicia para proteger a las víctima.