El mandato provisorio de la jueza Magadalena Azcurra se venció el 22 de abril, en un juzgado que tampoco se concursó. Desde el 2018 La Rioja cuenta con dos fueros especiales que tramitan entre 1500 y 1800 causas cada uno. En pleno aumento de consultas y pedidos de asistencia por parte de víctimas, La Rioja se quedó sin un juzgado para tramitar con perspectiva los hechos de violencia contra mujeres, niñes y disidencias.
En los 55 días que llevamos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, donde aumentó el número de consultas y pedido de asistencia de víctimas de violencia por razones de género, La Rioja se quedó sin una de las dos juezas del fuero especial para instruir esas causas.
Desde su nacimiento los dos Juzgados de Violencia de Género y Protección de Menores de La Rioja tuvieron un recorrido marcado por la urgencia y emergencia. Pero también por la falta de definiciones de los órganos que deben regular la administración de justicia.
El pasado 22 de abril la jueza Magdalena Azcurra dejó de ocupar formalmente ese cargo al vencerse la prórroga de su mandato. La ahora ex magistrada había asumido el 26 de abril del 2019 como transitoria para ocupar hasta octubre esa función. Pero tal como determina el reglamento, los jueces y juezas transitorias pueden desempeñarse por seis meses prorrogable por un mandato de seis más. Ese plazo máximo se cumplió el mes pasado.
El juzgado N° 2 donde se desempeñó Azcurra se había creado el 6 de septiembre de 2018, pero su designación llegó seis meses más tarde en medio de la urgencia: diez días después del primer femicidio infantil que conmocionó a la provincia, el de Sabina Condorí Garnica.
Hasta hace 10 días una de juezas que tramita las causas por violencia de género ocupó su cargo sin poder concursarlo porque nunca se hizo el llamado. Azcurra estuvo 12 meses, llevando al límite lo que prevé el reglamento y su mandato se venció en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que resintió el funcionamiento de las instituciones. Pero el Consejo de la Magistratura había tenido un año para llamar a concurso ese cargo y no lo hizo.
Los dos juzgados de Violencia de Género funcionan en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la capital riojana, e incluye además Tama, Patquía, Talamuyuna, Punta de los LLanos y Sanagasta. Mientras crece el reclamo por más fueros especiales para juzgar las causas de violencia en el resto de la provincia, y en La Rioja los dos que existen no dan a basto para atender el abultado número, no solo no se avanzó con esa demanda sino que ahora la primera circunscripción se quedó con una jueza menos.
Pero el juzgado que hasta hace 20 días ocupaba la magistrada no fue el único marcado por la emergencia, en una provincia que tuvo dos femicidios brutales en el transcurso de un año. El N° 1 nació en enero del 2018 luego del asesinato de Deolinda Torres cuando el ex gobernador Sergio Casas lo creó por DNU. Se concursó en marzo de ese año y empezó a funcionar en julio. Durante un año y medio estuvo a cargo de Gabriela Asís, quien luego renunció para asumir como ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en la gestión de Ricardo Quintela. En su lugar y otra vez como jueza provisoria, en la emergencia y sin concurso, asumió Karina Cabral en enero pasado, con mandato hasta julio de este año aunque con prórroga de seis meses más.
JUZGAR CON PERSPECTIVA
En un contexto de emergencia, donde sólo en cuarentena nuestro país lleva contabilizados 49 femicidios, el desempeño del Poder Judicial aparece en el centro de los principales obstáculos para avanzar hacia la erradicación de la violencia de género, la impunidad y el acceso a la justicia.
Aunque en nuestro país hubo una avance significativo, la cronología de muchos femicidios demuestra que el Poder Judicial en general, con sus operadorxs, carece de perspectiva de género en términos culturales y procedimentales. Aún cuando la ley 26.485 marcó un antes y un después como recurso legislativo para el reconocimiento de los tipos y modalidades de violencia, sigue siendo un problema el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia por razones de género, al igual que los niveles de impunidad en las causas iniciadas contra los agresores.
Si a ese caldo se suma la falta de concursos para que existan juezas o jueces que en material penal y civil atiendan una problemática compleja con perspectiva, el resultado sin duda resultará muy peligroso para la sociedad en su conjunto. Así como La Rioja dio un paso significativo hace dos años al crear dos juzgados especiales (cuando en el país son pocas las provincias que cuentan con fueros especiales para juzgar las causas con perspectiva) con la salida de Magdalena Azcura y un juzgado menos en lugar de avanzar hoy La Rioja retrocedió un casillero.