Debido a la pandemia el juicio que debía realizarse durante este año se pospuso y ahora la Cámara Tercera confirmó que se reanudará el 22 de marzo. El proceso busca determinar si Patricio Pioli, con prisión domiciliaria, es culpable por los delitos de coacción y lesiones leves hacia su ex pareja, en un caso emblemático para la violencia de género a través de tecnologías digitales.
El caso «testigo» de la violencia de género digital que tramita la Justicia riojana volverá a escena el año próximo, cuando el 22 de marzo se retomen las audiencias de debate dispuesta por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja. En el decreto que notificó a las partes la Cámara argumenta que se reprogramaron todas las audiencias y se dio «prioridad a las causas con detenidos en el Servicio Penitenciario y/o Alcaidía de la Provincia.»
Fue la propia víctima quien en reiteradas ocasiones había reclamado públicamente el parate de la causa contra el tatuador. La dilación se extendió hasta marzo de este año cuando la actividad judicial se resintió debido a la crisis sanitaria y la cuarentena.
Patricio Pioli empezó a ser juzgado en noviembre del 2019 por los delitos de coacción y lesiones leves, en una causa que podría terminar con una condena ejemplar en su contra por la difusión sin consentimiento de material íntimo de su ex pareja, Paula Sánchez Frega.
La prisión domiciliaria de su defendido, la recusación al juez Jorge Chamia y la jueza Edith Agüero fueron algunos de los recursos presentados por el defensor de Pioli, Juan Carlos Pagotto, que llevaron a la suspensión del juicio en distintas ocasiones ni bien había comenzado.
EXPETATIVAS
El juicio oral y público contra Patricio Pioli es seguido de cerca porque podría abrir camino, no solo a la mirada de una jurisprudencia con más perspectiva de género sino a la sanción de una normativa que condene estas acciones. El proceso judicial camina sobre dos marcos paralelos que se juntan en un caso que será bisagra. Uno es el legal, que juzga delitos ya tipificados en el Código Penal (amenazas y lesiones leves). El otro social y cultural que si bien busca ser legislado, en la actualidad intenta visibilizar cómo el uso de las tecnologías se transformó en una arista más dentro de ese disciplinamiento, descalificación, desvalorización, desacreditación, degradación que afecta principalmente a las mujeres.
Actualmente la difusión del material íntimo no consentido no es un delito en la legislación argentina aunque existen varias iniciativas para incluirlo. Las conductas que se le imputan a Pioli vienen a poner en debate una nueva modalidad utilizada para lesionar y violentar la intimidad y privacidad, en este caso por razones de género.
Sanchez Frega denunció a Pioli luego de terminar una relación de pareja que, según declaró en reiteradas oportunidades, con el paso del tiempo «se tornó muy violenta». Contó que en la primera etapa de la relación confiaba en su novio y eso fue clave para acceder a la grabación del material sexual íntimo que él le propuso hacer con su celular. “Nunca consentí que se difunda, y esos videos siempre estuvieron únicamente en su teléfono”, sentenció en el juicio.