La denuncia por violencia de género contra el viceintendente Guillermo Galván vuelve a poner luz sobre una realidad extendida pero poco explorada en la justicia, los partidos, la sociedad y los propios protagonistas: la violencia política. En el medio, el maniqueismo partidario y la figura de la «mala víctima» que amenazan con minimizar el impacto y dimensión de las violencias.
“¿Hubo violencia de género realmente?” Fue la pregunta que más circuló durante las últimas horas en los medios, grupos de whatsapp políticos y periodísticos, posteos en redes sociales y conversaciones cara a cara. La “duda” es en torno al episodio que protagonizaron el jueves último la concejala Ximena Marenco y el viceintendente de la Capital Guillermo Galván, tras una discusión en el propio Concejo Deliberante.
Según Marenco el hecho se generó a raíz de un asesor que ella le había solicitado al presidente del Concejo para su bloque unipersonal. “Él me siguió, irrumpió en la sala de situación y me gritó: ‘Vos no sabés con quién te estás metiendo, yo no soy un cuatro de copas’. A mí me dieron miedo las palabras que utilizó, que me diga ‘vos no sabés con quién te estás metiendo´”, dice el relato que fue plasmado en una denuncia judicial.
Los coletazos no se hicieron esperar: el propio denunciado -segunda máxima autoridad del Municipio Capital- brindó una conferencia de prensa donde desestimó que se tratara de violencia de género y lo calificó como una discusión entre “pares”; la jueza del fuero especial Karina Cabral dictó medidas preventivas a favor de la concejala, y a través de un comunicado varias mujeres (peronistas y funcionarias en su mayoría) repudiaron el hecho y se solidarizaron con la edil.
Pero el análisis de fondo quedó ahí, latente, y sigue siendo la complejidad de las violencias que tanto cuesta comprender, visibilizar y erradicar. “Ella se victimizó”; “Esto es una embestida contra el sector político de la intendenta Inés Brizuela y Doria”; “Los peronistas se quieren aprovechar”; “La Marenco tampoco se queda atrás”, fueron algunas de las muchas especulaciones y justificaciones que se leyeron y escucharon ni bien se conoció el hecho denunciado por la propia concejala en la Comisaría Primera y que luego llegó al Juzgado de Violencia N° 2.
MAQUINEISMO
Una pregunta que nos ayuda a pensar es: ¿de todas las dudas que se suscitaron en torno al hecho judicializado, cuántas son genuinas y buscan respuestas para entender las violencias, sus marcos normativos y entramados culturales, y cuántas intentan embarrar la cancha, ir detrás de las “jugada” política y el oportunismo?
Las primeras reacciones fueron exactamente las esperables: el entorno del viceintendente de Juntos por La Rioja negando el hecho, bajandole el tono y el silencio de varias autoridades, y peronistas opositores condenándolo y cocinando un posible juicio político contra Galván. En el medio de ese maniqueismo de “buenos y malos” queda todo lo que la dirigencia política riojana pareciera no querer complejizar: la violencia de género que se sostiene por patrones socioculturales que promueven y contribuyen a la desigualdad de género.
La primera acción judicial en torno a la causa fueron las medidas de protección dictadas por la jueza Cabral, que son habituales en este tipo de denuncias: prohibición de acercamiento a 200 metros y de comunicarse y relacionarse con ella, además del cese de actos de perturbación e intimidación. La causa ahora seguirá la instrucción de la jueza Magdalena Azcurra a cargo del juzgado N°2, en su retorno de la feria este lunes.
Sin lugar a dudas esa decisión de Cabral aún cuando no se haya determinado si existió delito o no , ya reviste un impacto político fuerte por tratarse de dos figuras públicas, electas por el pueblo y representantes de una institución democrática. Ahora la pregunta es ¿todas las violencias merecen ser condenadas por la sociedad en su conjunto, y el arco político en particular, o sólo las que perjudican a un sector?
Como reacción inmediata y en el medio de un clima político (siempre) álgido en el Concejo Deliberante, sus integrantes no se privaron de echar mano a una problemática tan sensible como la violencia de género para seguir disputándose el poder sin problematizar el fondo.
Curiosamente en el transcurso de semanas radicales/macristas y peronistas quedaron entrampados en la misma lógica. Por una parte, el oficialismo municipal venía insistiendo con el juicio político a su propio concejal Gerardo Herrera, denunciado por violencia de género a principio de año. El argumento era que no importaba la desestimación del delito que hizo la Justicia, porque en realidad el CD juzgaba conductas o hechos indecorosos de su cuerpo, pero hasta el momento con Galván no dijeron lo mismo. El peronismo, en cambio, muy insistente con la “falta de delitos” por parte de Herrera y con cierta tibieza respecto al juicio político, en el caso de Marenco y sin siquiera esperar las medidas judiciales que horas después dispuso la jueza, salió rápidamente a condenar lo sucedido y anticipar posibles represalias institucionales contra Galván.
Y si levantamos la mirada y miramos para atrás, la ambivalencia fue la misma: cuando la concejala de Felipe Varela Juana “Nunina” Paez (Juntos por La Rioja) denunció en mayo al intendente peronista de su departamento Yamil Sarruff por violencia (situación de idénticas características con el agravante que Sarruff es la máxima autoridad municipal) ¿cuántos comunicados de apoyo o repudios sectoriales se leyeron? Solo los del propio sector de Paéz.
Cabe aclarar que el caso de Villa Unión no corrió la misma suerte judicial que el de Marenco, porque aquella circunscripción no tiene fuero especial para juzgar con perspectiva la violencia (como sí Capital). Aquella denuncia se desestimó rápidamente sin siquiera dictar medidas de protección a favor de la concejala Paéz y con términos que denotaron un gran desconocimiento de la materia por parte del juez Jorge Romero.
VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política contra las mujeres es una problemática extendida pero aún relativamente poco explorada en nuestro país. En diciembre del 2019 el Congreso aprobó la introducción de esta tipificación en la ley 26.485 definiéndola como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”. La violencia puede ser simbólica, física, patrimonial, psicológica.
La introducción de la violencia política en la ley que da marco normativo a las violencias en Argentina se hizo porque era necesaria una definición legal clara que no se prestara para trivializar el tema, y para que las mujeres supieran reconocerla y por lo tanto denunciarla.
Poner en la ley la definición explícita de la violencia hacia las mujeres y disidencias en el ámbito político persigue la intención de saber hasta dónde debemos actuar, en qué casos y con medidas de reparación integral, para que no haya lugar a impunidad en este tipo de conductas.
El paso que sigue es sin duda un desafío de la justicia (con perspectiva) para interpretar la norma y hacerla caber en la tipificación y resolver este tipo de violencias.
LA BUENA O MALA VICTIMA
Pero más allá (y a pesar) de lo que resuelva la jueza Azcurra en la causa Marenco-Galván, lo preocupante sigue siendo el fondo que poco se analiza. Desde siempre, aun con legislación en mano, existió en el discurso mediático y social la figura de la “mala víctima” o la “buena víctima”. La primera es la del “algo habrá hecho”, la de la biografía o personalidad ideal para “merecer”. Y la segunda es la que se ubica en la vereda contraria y no califica en todo lo anterior. Según esta categorización, a menudo se configuran escenarios en los que aparecen los límites para la reacción social. Ahora, que lo haga la dirigencia política es muy preocupante.
Y acá aplica la duda ¿qué factores motivan o paralizan una reacción política y/o social para condenar o mandar al olvido los casos que, en definitiva, afectan a las mujeres y disidencias convirtiéndolas en víctimas sin color partidario? El maniqueismo, muy común en la política, se caracteriza justamente por esa actitud de la dirigencia para dividir las ideas en dos grupos: los del bando bueno y los del bando malo, en forma irreductible. Pero en los casos de violencia de género es el peor condimento para un caldo complejo donde no existen buenas o malas victimas. Existen hechos, judiciales o políticos, condenables, sean contra Cristina Fernández o Patricia Bulrrich.
La violencia política a una mujer por su condición de mujer existió siempre, desde que ésta puso un pie en la política y se propuso tomar decisiones, tomar el poder o incidir en el rumbo de los destinos de un gobierno. Aplicar el axioma «en política esas son las reglas», o plantear «fue una discusión de pares» bajandole el tono al hecho cuando bien se sabe que en este caso puntual Galván ocupa un cargo de mayor jeraquía que Marenco, manejo de recursos, toma de decisiones y hay subordinación de cargos, ya no tienen lugar en un sistema que desde hace tiempo está modificando ciertas practicas naturalizadas: la inequidad en la distribución de cargos, la descalificación por trayectoria o formación, humillación, ridiculización, descrédito, restricción en el uso de la palabra, amenazas y presiones.
Ahora son/somos lxs protagonistas de este nuevo paradigma social-politico-cultural quienes tienen/tenemos el desafío de aprender a interpretarlo, visibilizarlo y erradicarlo. El resto, con una justicia sin perspectiva, con dirigentes que no les importa entender la complejidad de las violencias, con agrupaciones o movimientos que adhieren a comunicados funcionales al juego de la política partidaria, es lo que debemos problematizar para modificar.