Las redes sociales explotaron este viernes con mensajes de apoyo y solidaridad a Rocío Bazán, luego de que ella publicara en su cuenta de facebook la indignación e impotencia que sentía por la excarcelación de Angel Ruarte. En diciembre pasado denunció a su ex novio por la golpiza que le dejó una fractura de coxis y un trauma psicológico que todavía sobrelleva.
La causa de Ángel Ruarte debe ser una de las pocas de violencia de género que se identifica más con el nombre del agresor, que con el de la víctima. Pero esta observación no es casual: en el 2017 el joven que hoy tiene 20 años ocupó la sección policiales cuando Gabriel Minué, de 15, falleció al recibir un disparo con un rifle de aire comprimido. Uno de los principales sospechosos como autor de ese disparo fatal era Ruarte.
Si bien aquel hecho trágico tuvo repercusión mediática, la causa por violencia de género lo volvió a poner en escena con mucha más fuerza por la conciencia social que despiertan hoy las violencias contras las mujeres. Y por este hecho Ruarte estuvo detenido tres meses en la Alcaldía de La Rioja, luego de que su captura se hiciera con ribetes cinematográficos, rastreandolo por toda la provincia e incluso con pedido nacional, para terminar detenido en su propia casa del barrio Alta Rioja en enero pasado. En aquel entonces, como hasta ahora, quedó la duda sobre qué responsabilidad tuvo la Policía en esa tardía captura. Finalmente luego de solicitar la excarcelación en varias oportunidades, y que la jueza Gabriela Asís del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección de Menores se la negara sistemáticamente, este jueves 4 de abril la magistrada le concedió la libertad bajo la modalidad “vigilada”, en la nueva causa caratulada como “tentativa de homicidio” (femicidio) y “lesiones graves”.
Asís le concedió este beneficio a Ruarte bajo la condición de cumplir rigurosamente una serie de restricciones de prevención. Entre ellas que debe llevar la pulsera de geolocalización -comúnmente conocida como tobillera- para poder ser monitoreado y así resguardar a Rocío (no puede acercarse a ella a más de 300 metros), que no puede perturbarla ni intimidarla por ningún medio electrónico, o red social. Y el otro elemento contemplado por la magistrada del fuero especial es que el imputado debe realizar un tratamiento terapéutico para reeducarse en las conductas violentas, el cual deberá certificar con un informe mensual de un profesional. De no cumplir algunas de estas disposiciones Ruarte incurriría en la figura penal de “desobediencia”.LAS POLÉMICAS
Los dos elementos más cuestionados y mediatizados por la defensa de Rocío Bazán fueron, por un lado el procedimiento para liberar a Ruarte: aseguran que fue durante la noche y sin la notificación a las partes. Y por el otro que el fiscal Julián de La Colina haya sugerido a la jueza rechazar el pedido de excarcelación que hizo el abogado Jorge Cáceres, defensor del imputado.
En su resolución De La Colina había considerado que al tratarse de un concurso ideal -es decir que el mismo hecho implica la comisión de varios delitos, en este caso lesiones graves y tentativa de homicidio, y por lo tanto hay distintas penas para castigar esos diversos delitos- debe aplicarse la pena del delito mayor, es decir la “tentativa de homicidio”. Y la pena en este caso (16 años) excedía ampliamente el tope que prevé el Código Procesal Penal (6 años) para disponer la excarcelación.
Sin embargo y apartándose de ese único fundamento que consideró el fiscal, la jueza estimó que además debía tener en cuenta otros elementos por los cuales después de tres meses Ruarte no podía seguir en prisión. Entre ellos merituó que lo único que justifica la privación de la libertad hasta que se dicte una sentencia firme que lo condene, es el real entorpecimiento de la investigación. Y aquí, según la consideración de Asís, quedaría descartado porque en la instancia que se encuentra hoy la instrucción de la causa, ya se incorporaron todas las pruebas.
El otro elemento que tuvo en cuenta la magistrada y el que más condena social recibió en las redes, fue relacionado a los antecedentes penales que tendría Ruarte por la causa Minué. Sin embargo el expediente Nº 39.729 – años 2017 – Letra N – Caratulado “Mora Santiago Nahuel y otros – Homicidio simple”, que se tramitó en el juzgado N°3 de Gustavo Farías, tiene una resolución que dispone la “falta de mérito” del joven acusado por Rocío. Es decir que según el informe del Registro Nacional de Reincidencia (REDAM), Ruarte no registra antecedentes en la actualidad. Esa causa hasta el momento no fue apelada y es probable que en un tiempo se dicte el sobreseimiento.
Y un segundo punto cuestionado por el abogado Emilio Pagotto, defensor de Rocío Bazán, es la “desprolijidad” de la jueza en el procedimiento que se realizó el jueves último alrededor de las 21 para disponer la “libertad vigilada” de Ruarte. Fuentes del juzgado desmienten que las partes no hayan sido notificadas de la decisión, y explican que debido a que en ese horario no podían enviar la cédula de notificación electrónica, se llamó por teléfono a la defensa de ambas partes para que se notifiquen en el Juzgado. La de Bazán, según argumentan desde el juzgado, se negó a darse por notificada en el lugar, algo que está dentro de su derecho. Sin embargo la defensa niega que haya sido así, e incluso cuestionan que ni siquiera se haya notificado al fiscal.
En este punto, la defensa ya anticipó que apelarían la decisión de la jueza para revocar la excarcelación, algo que también haría el propio fiscal.
LAS PREGUNTAS INCÓMODAS
Las horas que siguieron a la excarcelación fueron de un sin fin de preguntas y razonamientos incómodos para muchxs. Los movimientos feministas no tardaron en cuestionar los motivos que llevaron a una jueza de Género, ni más ni menos, a liberar al joven imputado en una de las causas de violencia contra la mujer más polémicas que tiene hoy La Rioja. Quizás esperaban que busque, y encuentre, otros argumentos jurídicos que sostenga la prisión de Ruarte. La sociedad se pregunta qué pasa por la cabeza y en el entorno familiar de un joven de 20 años que en el transcurso de un año estuvo implicado de dos causas con tanto impacto y consecuencias: homicidio, tentativa de femicidio y lesiones graves.
También nos preguntamos por qué, cuando todos los días se engrosan las estadísticas de femicidios en nuestro país, las leyes vigentes posibilitan que un agresor pueda caminar tranquilamente por las calles, aunque monitoreado las 24 horas y debiendo pedir autorización para salir de la provincia, mientras espera una sentencia firme que lo condene.
La noche del jueves Rocío acompañada por su familia se presentó en el Juzgado ubicado en el subsuelo del Tribunal Superior de Justicia, lo que dio lugar a cruzarse con Ruarte mientras se diligenciaba allí su excarcelación. Según fuentes judiciales ella no debía estar ahí, y en ningún momento se la citó. Por el contrario debía concurrir a la Oficina de Monitoreo de Vigilancia Electrónica para que se le instale el dispositivo (pulsera electrónica) y se le informe cómo era el seguimiento y control, aunque según la defensa todavía no se lo habían notificado ¿Por qué Rocío tuvo que cruzarse con su agresor, atravesando un visible estado de angustia?
La etapa en la que se encuentra la instrucción indica que la causa va camino a un procesamiento del joven, que se podría dar en las próximas horas. La lupa estará puesta en los elementos que tiene la jueza para dictarlo, y si las pruebas incorporadas alcanzan para avanzar con la tentativa de femicidio o iría por un delito menor, como las lesiones graves.
¿CONDENAR Y REEDUCARSE?
Uno de los puntos claves de la resolución firmada por la jueza Asís para conceder la “libertad vigilada” de Ruarte, y que la defensa de Rocío también vio con agrado, es el tratamiento psicológico al que éste deberá someterse para mantener ese beneficio que le asiste legalmente. Esta noción de aprendizaje, o reeducación, parece apuntar a una transformación más profunda que la medida punitiva, la cual más temprano que tarde le llegaría con un inminente procesamiento y elevación a juicio. La pregunta es ¿estamos a tiempo? ¿Hay consenso en la sociedad sobre la necesidad de que los acusados transiten la transformación de estas conductas violentas tan arraigadas culturalmente, donde las mujeres somos las principales víctimas y los varones gozan de un sinnúmero de privilegios sociales?
¿Qué pasa con los y las adultas de un entorno donde se repiten esa conductas violentas de adolescentes? ¿Acompañan? ¿Apañan? ¿Reflexionan y problematizan las conductas que dejan consecuencias en las víctimas, muchas veces irremediables? ¿Como sociedad debemos sentarnos a esperar que todo lo resuelva una Justicia que sólo actúa cuando el hecho ya está consumado, y que bien sabemos tiene un andamiaje legal vetusto que no está agiornado para condenar las violencias machistas?
El monitoreo que se le hará a Ruarte con la tobillera lamentablemente no evitará que, con intencionalidad o no, éste pueda circular a 300 metros de Rocío y ella reciba en su pulsera una perturbadora notificación advirtiendo “cuidado… el agresor está muy cerca”. Algo que ya sucedió al día siguiente de su liberación, se habrían cruzado casualmente en pleno centro capitalino. Entonces imagino un escenario tremendamente incómodo: Si Ruarte fuera procesado, si Ruarte fuera condenado, si Ruarte cumpliera esa condena y dentro de un par de años saliera en libertad, Ruarte estaría rehabilitado para no volver a ejercer violencia contra otra mujer?
La angustia de la víctima, la indignación social y la cultura de la violencia machista nos obliga a repensar cómo avanzamos con ese cambio más profundo, necesario, para erradicar las conductas patriarcales.