El hecho que fue noticia días atrás cuando una mujer se arrojó de la camioneta en movimiento para evitar que su ex la golpeara, tiene un historial donde la violencia recrudece cada día. Faustino Gómez está detenido con varias denuncias que incluyen hasta amenaza con arma de fuego. La inacción de la justicia se cobra caro cuando la peligrosidad aumenta y amenaza a mujeres que piden ayuda para escapar de vínculos opresores.
En julio de 2018 Faustino Gómez, un empleado de planta del municipio capital, fue denunciado por amenaza calificada por el uso de arma de fuego. La denunciante era su ex pareja P.V. quien en esa fecha se separó y puso fin a la convivencia que tenían. La denuncia fue a parar al Juzgado de Instrucción N°3, en ese entonces a cargo del juez Gustavo Farias, cuando todavía no estaban en funcionamiento los fueros especiales de violencia de Género que existen en la provincia. Gómez no fue juzgado por ese grave hecho. Pero tampoco por muchas otras causas que se iniciaron en su contra a raíz de las denuncias de P.V.
Faustino Gómez el día de la detención (Fuente: Fenix)
El último episodio que tomó estado público por el escándalo en pleno centro capitalino, con ribetes casi cinematográficos y le valió a Gómez la detención por el delito en flagrancia, marca la escalada de violencia del acusado hacia la víctima, su ex pareja ¿Cuál es el estado que debe atravesar una mujer para considerar que tirarse de un vehículo en movimiento es menos peligroso que estar cerca de su agresor y que este la siga golpeando?
“Ella pasó por situaciones tremendas, el último hecho no es el primero y en esa escalada la violencia cada vez es más agresiva y más próxima”, explicó Paula Pellici, abogada de la víctima que el día del último incidente debió socorrerla en medio de la angustia.
La letrada informó que son varias las denuncias (algunas en Fiscalía que no prosperaron) y causas radicadas en diferentes juzgados de instrucción, “por lo que nosotros estamos solicitando que se unifiquen todas las causas para una mayor prolijidad del proceso, de modo que se juzguen y logremos una condena ejemplificadora”.
La mañana del hecho que terminó con la detención de Gómez, la mujer salía de su departamento y él la esperaba con la camioneta estacionada en la puerta del domicilio para ofrecerse a llevarla “de muy buen modo”. Minutos después la discusión y agresión en el interior del vehículo la empujaron a tomar la decisión de arrojarse para pedir ayuda. “Muchas veces en el círculo de la violencia ellas tratan de ser condescendiente con el agresor por el miedo que le tienen, y es lo que pasa en este caso con P.”, explicó la abogada que trabaja con mujeres en situaciones de violencia.
HISTORIAL
Las violencias de Gómez hacía su ex, no son las únicas agresiones a mujeres que pesan en su historial delictivo. En causas que datan del 2010 y 2016 donde otras víctimas fueron las denunciantes, fue sobreseído porque prescribieron.
Desobediencia a la autoridad (porque existía una medida de restricción), amenaza calificada por el uso de arma de fuego y lesiones, son algunas de las causas radicadas en el Juzgado N° 3 (hoy presidido por el juez Ariel Bacco) que nunca avanzaron sobre una condena. Para la abogada este historial marca que los hechos anteriores nunca fueron considerados en el marco de la violencia de género, “incluso el más importante por la pena, que es la amenaza calificada por el uso de arma, sin dudas se da en ese contexto pero no se lo tomó en cuenta”.
Según datos suministrados por el Instituto Nacional de la Mujer, Línea 144, “un 28 por ciento de las víctimas de violencia de género señala que el agresor dispone de un arma de fuego”, y “dos de cada diez agresores que tienen medidas de protección vigentes poseen armas”. En el caso de Gómez aplicarían ambas estadísticas.
“No tenemos que llegar a un hecho de extrema violencia o un femicidio para que la justicia realmente actúe. Esta situación es realmente complicada porque la escalada de violencia marca la peligrosidad que él representa, y como siempre cae en saco roto se siente impune y siguen los hostigamientos, amenazas, coerciones”.
La abogada consideró “paradójico” celebrar que el último hecho se diera en plena vía pública “porque sino no sabíamos dónde podía terminar”. Merodeos por su casa -pese a tener la medida de restricción- y amenazas con publicar vídeos tomados en la intimidad, son algunas de las conductas recurrentes que tenía el denunciado antes de ser detenido.
¿CUÁL ES EL LIMITE?
Según el Observatorio de las violencias de género “Ahora que sí nos ven”, en Argentina durante el 2019 sucede un femicidio cada 26 horas (cifras elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país). Y otros de los datos preocupantes que arroja el mismo relevamiento, es que el 64% de los femicidas eran pareja o ex pareja de la víctima y el 25% de ellas ya habían realizado algún tipo de denuncia por violencia dentro del vínculo.
Según Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio, el recrudecimiento de la violencia, y los femicidios especialmente, aumentan por la falta de abordaje de los tres poderes del Estado, y un mayor presupuesto para ejecutar políticas públicas.
“Ella siente que no tiene justicia, y que el hombre puede matarla”, advirtió la abogada y confió en que la última denuncia radicada en el juzgado de Violencia de Género, a cargo de la jueza Gabriela Asís, evite la revictimización y garantice los derechos que son vulnerados desde hace más de un año por la ineficiencia judicial.
“P. hoy se tiene que andar escondiendo, vive de amenazas porque él no tiene límites”, concluyó la letrada. La justicia siempre actúa cuando un hecho ya fue consumado y la violencia machista imprimió dolor en los cuerpos y las vidas de mujeres, travestis y trans. Pero si además la Justicia no actúa ante ese hecho denunciado, los resultados pueden ser fatales, en un sentido literal.
Es necesario exigir que la creación de juzgados especializados en violencia no sea la única política en materia de género del gobierno provincial, sino que se intensifiquen las políticas de prevención, exigiendo capacitación y sensibilización a por lo menos todxs lxs agentes del Estado, con el fin de cambiar los patrones y conductas de la violencia estructural.