Cerca de 20 abogadas de La Rioja presentaron ante el propio Tribunal Superior de Justicia un cuestionamiento por la «inconstitucional» designación de Claudio Saúl como el quinto integrante de ese cuerpo. Denuncian violación a la ley de Ética Pública y «discriminación» del Ejecutivo y la Justicia por no garantizar que las mujeres lleguen a los máximos cargos judiciales.


La designación del ex diputado e intendente de Rosario Vera Peñaloza, Claudio Sául para completar el Tribunal Superior de Justicia

Entre los argumentos principales el recurso judicial plantea la «nulidad» del acto administrativo en la designación que hizo la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, cuando el gobernador Ricardo Quintela envió los pliegos para el acuerdo legislativo. El cuestionamiento está puesto en el incumplimiento de uno de los requisitos constitucionales que exige la matricula de abogado «efectiva e inmediata», por el término de dos años previo a su designación.

«El ejercicio efectivo de la profesión de abogado no es suplido por el desempeño en otras tareas, aún teniendo el titulo de abogado», dice el amparo y a continuación señala que en el caso particular de Saúl «como es de público y notorio conocimiento» no ejerció la profesión en el termino establecido porque se desempeñó como diputado, intendente, ministro de Gobierno «a tal punto que renunció a su banca con posterioridad a ser designado como juez del TSJ».

ENTRE AMIGOS

Otros de los argumentos de «nulidad» que menciona el amparo del colectivo de mujeres se centra en la ley de Ética de la Función Pública para cuestionar la participación de «por lo menos seis amigos» de Saúl en su designación., Al momento de la votación a mano alzada manifestaron una relación de «familiaridad» que está prohibida por la norma, reza en el escrito.

Entre esos contactos de «amistad», que durante la sesión virtual se refirieron al chepeño como «compañero» o «amigo», están lxs diputadxs Renzo Castro, Ricardo Herrera, Juan Ramón Romero, Elio Díaz Moreno, y la propia presidenta del cuerpo y vicegobernadora Florencia López. «Debieron abstenerse de intervenir en su tratamiento, ya que la novena causal de excusación prevista por la ley procesal es justamente la preexistencia de amistad que se manifieste por una gran familiaridad», cuestiona el recurso.

»Consentir semejante situación resulta inadmisible en un Estado de derecho», concluye sobre este aspecto.

DISCRIMINACIÓN Y FALTA DE IGUALDAD

Durante más de 178 años en la historia institucional de la Provincia de la Rioja, la prevalencia de los hombres para conformar el máximo órgano judicial fue y es evidente. En ese casi bicentenario de años, solo tuvimos dos mujeres que rompieron con ese esquema, sostiene el recurso contra Saúl para cuestionar la flagrante violación a los tratados internacionales sobre la no discriminación y la igualdad de géneros.

La 17 letradas firmantes sostienen que existe una «notoria discriminación» que recae en las abogadas para integrar el Tribunal Superior de Justicia, y citan como antecedente que en la Legislatura Provincial se presentaron proyectos ley para implementar medidas positivas de carácter transitorio, a los fines de romper este techo de cristal.

Citan además un «pronunciamiento tajante» de la secretaria de Justicia, Karina Becerra, confirmando que el Gobernador iba a respetar el lugar de la mujer en la vacante del Tribunal Superior de Justicia. »Es decir, la Función Ejecutiva Provincial, advirtió su obligación de zanjar esta desigualdad mantenida hace años por parte del Estado».

Hace referencia a la presentación que hizo la Comisión de Género “Deolinda Torres” del Consejo de Abogados y Procuradores de la Rioja cuando se generó la vancia en el TSJ por la jubilación de Mario Pagotto. «Se presentó una nota con cargo al Gobernador de la Provincia de la Rioja, a los fines de que en su decisión tuviera en cuenta las recomendaciones» internacionales y cuestionan las declaraciones del presidente Luis Brizuela días previos.