El gobernador Ricardo Quintela firmó el decreto de la ley que obliga a formarse en perspectiva de Género a funcionarixs hasta el rango de subsecretarixs. Prevé registro con referentes por área, página web para publicar quiénes se capacitan y los que no, sanciones y presupuesto. La importancia del real cumplimiento con dos femicidios en lo que va del año.
El 14 de enero la secretaria de la Mujer y Diversidad provincial, Lourdes Ortíz, confirmó a través de sus redes sociales la vigencia del decreto que lleva la firma del gobernador Ricardo Quintela, el secretario General Armando Molina, el ministro de Culturas y Turismo Gustavo Luna, cartera de la cual depende la secretaría que preside Ortiz, además de la propia funcionaria.
https://twitter.com/Lourdez_ortiz/status/1349760481586720769
Sin dudas su aplicación cobra otra urgencia en este momento donde La Rioja empezó el 2021 con los femicidios de Noelia Albornoz y Melina Rojas, ambos en el primer mes del año. En el primero estuvieron involucrados dos agentes públicos integrantes de la Policía y en el segundo, en Olta, todo indica que hubo graves fallas de organismos del Estado para proteger a la víctima.
Uno de los cambios fundamentales que había dispuesto el gobierno de Quintela apenas asumió hace un año fue la obligatoriedad de las capacitaciones, algo que en la gestión anterior de Sergio Casas había quedado en la nebulosa. Ahora no es una preferencia personal capacitarse y el decreto reglamentario no deja rendijas para obviar esa obligación.
La reglamentación determina claramente las competencias, funciones y responsabilidades tanto de la autoridad de aplicación, que es la secretaría de la Mujer y Diversidad, como de lxs actores involucrados.
LO QUE DICE EL DECRETO
Según el decreto N° 1784 la capacitación en perspectiva de género es obligatoria para funcionarixs del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todos los niveles y jerarquías, cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista. También integrantes y personal del ministerio Público Fiscal y las SAPEM.
Define como “máxima autoridad” hasta el cargo de subsecretario. En la Función Legislativa incluye a diputadxs, secretarixs y prosecretarixs; en la Justicia a jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia, de juzgados penales, civiles, laborales y del Menor de todas las circunscripciones judiciales, además de defensorxs y fiscales.
Además aclara especialmente que en caso de haber cambio de autoridades las nuevas personas que ingresen deberán acreditar capacitación en perspectiva de género, o formarse en un plazo de seis meses.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Como autoridad de aplicación la secretaría de la Mujer y Diversidad será la encargada de diseñar los contenidos y plan de estudio de las capacitaciones, además de seleccionar la bibliografía. Pero una de las funciones fundamentales será la de certificar dichas capacitaciones para que cumplan con la ley, aprobar las propuestas de cada organismo y sugerir modificaciones en caso de que sea necesario. Puede además firmar convenios con universidades, organizaciones gubernamentales locales, nacionales o internacionales, además de otras privadas que estén especializadas en el abordaje de la temática.
También debe fijar los requisitos para obtener el certificado, monitorear el cumplimiento de la ley y elaborar indicadores sobre el impacto de las capacitaciones para luego publicarlos en la web. Sin dudas la transparencia de esa información será clave para la sociedad y en especial para los movimientos feministas que en el último tiempo potenció su exigencia de autoridades y un Gobierno que esté a la altura de un problema estructural: la violencia de género.
REGISTRO, PRESUPUESTO Y SANCIONES
Entre las funciones de la secretaría está crear un registro de referentes de cada organismo del Estado (dos por área), que serán lxs encargados de presentar los programas, coordinar capacitaciones, informar los datos cualitativos y cuantitativos
En septiembre de cada año las áreas tendrán que presentar un informe de “monitoreo y seguimiento” de las capacitaciones y en una web diseñada especialmente se publicará la bibliografía, planes de estudio y funcionarixs que se capacitaron y quienes se negaron.
Para garantizar que efectivamente se cumpla la ley, el decreto dispone que las áreas que transcurran un año sin capacitaciones serán intimadas a hacerlo y de persistir la falta las personas serán sancionadas según las normas y estatutos respectivos.
Según el artículo 10, los gastos que demande las capacitaciones y disposiciones del decreto “serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes”.
Este decreto regula la ley 10.279, que en junio del año pasado la Legislatura provincial sancionó para adherir en forma total a la nacional. Hasta entonces, La Rioja tenía una adhesión parcial un tanto sui generis que dejaba, ni más ni menos, librado a la voluntad de cada agente y jerarquía la intención de formarse. Tampoco destinaba presupuesto específico para la capacitación y no obligaba a informar el grado de cumplimiento.
LA SOMBRA DEL FEMICIDIO
El año empezó de la peor manera para las estadísticas de violencia de género extrema en La Rioja, a diferencia del 2020 donde fue una de las provincias con bajos datos negros en comparación con las del norte. Terminando el año Ariel Maza mató a Verónica Brizuela en Aimogasta, mientras la justicia investiga la «instigación al suicidio» de Melanie López en ese mismo departamento. En ambos casos el recorrido de los femicidios marca que hubo falencias por parte del Estado.
Cuando corrían unas pocas horas del 2021 la policía Noelia Albornoz fue asesinada por su pareja Marcos Suasnada, también integrante de las fuerzas de Seguridad que prestaba servicios en Casa de Gobierno. Luego de ese hecho la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos Gabriela Asís había anunciado que implementarían modificaciones en la capacitación a lxs agentes, además de revisar las políticas de portación de arma reglamentaria fuera del horario de trabajo. Hasta el momento no hubo novedades sobre esto último.
El 26 de enero Melina Rojas fue asesinada en su propia casa de Olta y el presunto femicida sería su ex pareja Mauro Peña. Melina había pedido ayuda a las instituciones del departamento porque temía que la maten. Y la mataron. En todos los casos se repiten las variables que sistematizan los registros de muertes de mujeres: asesinadas por sus ex o actuales parejas, en sus propias casas, con medidas judiciales y denuncias previas y con hijxs en común.
El diputado de la oposición Gustavo Galván también puso la lupa en la responsabilidad del gobierno provincial: “se debe exigir el seguimiento de las medidas de protección, puesto que las autoridades policiales no notifican ni realizan los seguimientos, y también hace falta personal policial capacitado para realizarlos, y asistencia psicológica a las víctimas desde las áreas de género. No se cumple con la protección a la víctima, no se hace un seguimiento del denunciado, cada uno actúa por su parte y a veces contradictoriamente. Esto cuesta vidas, familias enteras destruidas”.
Analizar ese patrón similar en los últimos cuatro femicidios que tuvo La Rioja quizás ayude a entender, no sólo la urgencia de implementar capacitaciones obligatorias a funcionarixs y agentes del Estado sino que ese Estado es un sistema complejo que requiere de una Policía, Justicia, Ejecutivo y municipios capacitados. Transversalizar las políticas en la materia. Buscar nombres y culpas aisladas no servirá para cambiar un problema estructural como es la violencia por razones de género. En sólo 25 días la más extrema de las violencias ya se cobró la vida de dos mujeres en La Rioja.