El gobernador de La Rioja aseguró que los detenidos por violencia de género “no son peligrosos para la sociedad” y volvió a poner en la mesa la necesidad de una urgente capacitación en perspectiva de género a quienes nos gobiernan. La gravedad de no entender lo estructural de la violencia machista y el peligro de seguir minimizando el flagelo por el cual contabilizamos decenas de mujeres asesinada en Argentina.
Otra vez el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela quedó en el ojo de la tormenta por lo que dijo, y quizás a esta hora hubiera deseado no decir aunque lo piense. Los detenidos por violencia de género “no son ciudadanos peligrosos para la sociedad” sino que “tuvieron conflictos conyugal, matrimonial”, dijo el mandatario en una entrevista a Medios Provincia para referirse quienes sean procesados y deban trasladarse al Polideportivo de Vargas en lugar del Servicio Penitenciario Provincial.
(Video publicado por Medios Provincia en su página de Facebook)
El motín en el SPP de La Rioja el pasado lunes motivó a las autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincial a disponer el trasladado de los procesados por delitos de violencia de género a un lugar transitorio «Anexo», para evitar la superpoblación carcelaria que vienen reclamando los internos.
REVICTIMIZAR
La declaración de Quintela ante las cámaras de televisión reviste una gravedad institucional inaceptable en el tiempo que vivimos, y esta vez no tiene punto de comparación con el
Esta vez sus dichos connotan un concepto fuertemente arraigado en gran parte de nuestra sociedad que intenta, por un lado dejar encerrado entre cuatro paredes o una cama el flagelo de la violencia de género. Y por el otro minimizar o anular el peligro diario que corremos las mujeres, niñas, adolescentes y la diversidad en manos de los agresores, como si nosotras y nosotres, paradojicamente, no fuéramos parte de esta sociedad que sólo en lo que va de la cuarentena ya cuenta más de 32 femicidios.
La disposición de la ministra de Gobierno Gabriela Asis precisa que en el Polideportivo de Vargas serán alojadas hasta 10 personas «que en dicho periodo (mientras dure la crisis sanitaria) sean ingresadas al sistema penitenciario para el cumplimiento de una condena o prisión preventiva”. Muchos de elllos antes estaban alojados en la Alcaidía provincial a la espera que se resuelva su situación procesal.
Las declaraciones del gobernador, por las que nadie del Gobierno salió a pronunciarse todavía, son aún más preocupantes porque ni siquiera él conoce cuáles son los delitos que cometieron esas 10 personas que serán trasladadas.
¿Cómo inferir que no son peligrosos para la sociedad o dar por sentado que la violencia de género, en su más amplio concepto, tipos y modos, se puede reducir a problemas conyugales? Y como broche para cerrar la grave declaración fuentes judiciales confirmaron que hasta el momento los siete procesados que serán traslados a Vargas están acusados por abuso sexual, simple y con acceso carnal ¿A alguien le puede quedar duda que no son peligrosos para la sociedad cuando incluso uno de ellos
Algunas de las últimas notas publicadas por este medio reflejan denuncias por abuso sexual de jóvenes que sufrieron esos hechos durante la infancia y después de muchos años y terapias se animaron a llevarlo a la Justicia ¿Cómo pueden sentirse esas jóvenes al escuchar hablar de nula o poca peligrosidad cuando a muchas de ellas sus abusadores les dejaron traumas hasta la actualidad o hasta intentaron suicidarse?
NO ALCANZA
Desde que asumió la actual gestión en diciembre pasado, se dieron muestras de que las políticas de género tendrían un lugar preponderante en estos cuatro años, a diferencia de su antecesor y socio político Sergio Casas que durante su mandato no implementó políticas profundas ni sostenidas en la materia.
El gabinete se integró con varias funcionarias con perspectiva de género, la secretaría de la Mujer y Diversidad empezó a trabajar fuertemente en la asistencia y prevención, y se realizaron algunas acciones y campañas transversales a todas las áreas. Incluso con el gobernador en primer fila a poco de asumir se realizó una jornada de sensibilización en géneros a gran parte del gabinete provincial y comprometieron la modificación de la Ley Micaela para capacitar a les agentes el Estado provincial. Pero cuando suceden cosas como estás tenemos que analizar cuántos casilleros es necesario retroceder para cambiar la matriz, si la cabeza gobernante cae en un reduccionismo del problema estructural de la violencia de género que es necesario afrontar con políticas públicas serias y profundas.
Como sociedad, y fundamentalmente gracias a los movimientos feministas, dimos grandes pasos para avanzar en políticas de Estado y sacar de lo “doméstico” a esos delitos que representan una violación a los derechos humanos. A nuestro país le llevó (lleva) muchas luchas y legislaciones entender que la violencia de género está vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas, que es un problema de toda la sociedad y no de quien la sufre.
Todos los días los movimientos y organizaciones de la sociedad civil (que rellenan los vacíos del Estado) salen a patear la calle y los obstáculos para acompañar a quienes se animan a denunciar, para cobijar a quienes corren peligro de vida o exigir a la Justicia perspectiva a la hora de juzgar. El esfuerzo es desmedido, seguramente también para quienes con perspectiva feminista integran el gabinete del gobernador riojano.
Lo que pasó es grave por lo que representa para la población fuertemente vulnerada, pero también por lo que vemos que falta cambiar culturalmente. Lo que dijo, o piensa Quintela, probablemente sea lo mismo que muchos varones de su generación y también de las más jóvenes. Pero la investidura hace que en su boca esos conceptos sean más graves. Las disculpas o retractaciones son importantes, pero más importante será empezar a trabajar en un cambio cultural más profundo para que las acciones de quienes nos gobiernan no queden sólo en la buena intención políticamente correcta de un clima de época.